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Boletín de noticias 15 de marzo de 2012
EL TIEMPO
LISTOS INVESTIGADORES DE 209 MAGISTRADOS POR CARRUSEL DE PENSIONES
La Comisión de Acusación ya nombró a los representantes que adelantarán la investigación.
La célula congresional escogió este miércoles a los representantes a la Cámara que investigarán a los más de 200 juristas de la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
Estos magistrados fueron denunciados ante la Comisión de Acusación de la Cámara por supuestamente haber incurrido en irregularidades relacionadas con sus jubilaciones.
El representante a la Cámara de 'la U' por Antioquia Augusto Posada será quien asumirá el proceso contra los juristas del Consejo de Estado.
Posada lleva también la investigación contra el expresidente Ernesto Samper por su supuesta participación en el crimen de Álvaro Gómez Hurtado.
El representante de las negritudes Yahir Acuña será quien llevará los procesos contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.
Acuña es uno de los dos representantes investigadores del expresidente Álvaro Uribe en un proceso que le sigue la Comisión al exmandatario por su presunta responsabilidad en las 'chuzadas' contra altos funcionarios del Estado, dirigentes políticos y periodistas, que se realizaron desde el desaparecido DAS.
En cuanto a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, a los dos que ya están siendo investigados por la Comisión, se unieron nueve jusristas más de quienes llegaron igual número de denuncias. Estos procesos los manejarán los representantes Héctor Javier Vergara, Jorge Gómez Villamizar y Manuel Antonio Carebilla.
REFORMA DE LA JUSTICIA NO SERÁ RETIRADA, AFIRMA MINISTRO VARGAS LLERAS
Así respondió el Ministro del Interior a la petición de la Corte de retirar la iniciativa.
El presidente de la Corte Suprema, magistrado Javier Zapata, propuso "repensarla" pensando en lo que le conviene al país.
La posición de la Corte, dijo el magistrado Javier Zapata, presidente del alto tribunal, es la de que el proyecto no resuelve los requerimientos de justicia de la ciudadanía y plantea modificaciones a medias "para una sociedad en conflicto que aspira contar con una administración de justicia, pronta, profesional y cumplida".
Ante esto, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, le respondió al magistrado Zapata que la Reforma a la Justicia seguirá su trámite en el Congreso.
"Estimando presidente de la Corte, lo que no consideramos útil en este momento es el retiro de la actual Reforma, sino más bien la invitación una vez más, como lo hemos venido haciendo, a los Presidentes de las Altas Cortes, a que ejerzan el derecho que constitucionalmente les asiste de participar en los debates"
La propuesta de la Corte es la de diseñar un proyecto nuevo que haga una transformación estructural de un sistema judicial para modernizarlo, acercarlo más al ciudadano y dotarlo de recursos para brindar una justicia de calidad y oportuna.
Aunque Corte Suprema comparte la necesidad de separar las funciones de instrucción y juzgamiento e introducir la doble instancia, dijo que: "No nos parece adecuado que esas nuevas salas no hagan parte de la Sala de Casación Penal ni de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
También criticó los poderes que adquiere en el proyecto la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura "quedando en igualdad de condiciones al Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Corte Constitucional.
Y agregó: "No se entiende que una institución encargada de los asuntos disciplinarios se le equipare con las cabezas de la justicia". Además advirtió que si desaparece la Sala Administrativa de la judicatura, la Sala. Disciplinaria "no puede quedar haciendo parte de la Sala de Gobierno de la Rama (la nueva figura que reemplazaría a ese tribunal) ni inmiscuirse en la elección de magistrados".
Recalcó que es la Propia Corte Suprema la que debe elegir a sus magistrados.
Las críticas de la Corte se extendieron a la propuesta de entregar a notarios, abogados y particulares funciones jurisdiccionales. Según El magistrado Zapata esta iniciativa lesiona la independencia de los jueces. "La justicia caerá en barrena. Nos sentimos sin aliento al saber que los otros dos poderes se inmiscuye en las funciones jurisdiccionales", agregó el Presidente del alto tribunal.
Otro punto de la reforma criticado por Zapata fue la modificación de la elección del Procurador y el Contralor, pues según dijo, lesiona los pesos y contrapesos que la Constitución diseñó para mantener el equilibrio entre los poderes públicos.
Por ultimo, exigió un presupuesto que cubra las necesidades de la Rama y aseguró que la Corte no comparte la propuesta de aumentar el dinero para la Justicia con el aumento en la tasa de inflación mas el 2 por ciento, "es insuficiente", dijo.
'NUEVO CÓDIGO SACARÁ A ABOGADOS INFRACTORES DE ESTRADOS': MINJUSTICIA
Fijará normas sobre qué debe ser y hacer un abogado. Expertos internacionales trabajan en él.
Según el Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, el Nuevo Código de Ética del Abogado que prepara el Gobierno, también tocará el régimen de sanciones para graves violaciones del mismo.
Durante su discurso en la Conferencia anual del Comité Anticorrupción del Internacional Bar Association (IBA), en París, el jefe de la cartera de justicia se aseguró que con "frecuencia los delitos a gran escala cuentan con la participación de un abogado, quien suele estar detrás de las estructuras criminales más complejas".
El Ministro indicó que Colombia ha tenido que pagar un alto precio en la lucha contra la corrupción, "en términos de vidas y de no pocas conciencias", indicó Esguerra.
LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ FUE CLAVE EN LAS INDEPENDENCIAS
Por: Ernesto Samper Pizano, ex presidente de Colombia.
Hace 200 años las provincias iberoamericanas reaccionaron contra los invasores galos.
Este año se conmemora el bicentenario de la expedición de la Constitución de Cádiz, promulgada por las Cortes españolas en medio de la invasión napoleónica de la península Ibérica, cuando el rey Fernando VII se encontraba prácticamente secuestrado, por Napoleón, en la ciudad de Bayona, al sur de Francia.
La Carta de Cádiz y su proceso constituyente jugaron un papel clave en las independencias americanas e inspiraron muchas de las primeras constituciones del hemisferio liberado.
Casi todas las provincias iberoamericanas, siguiendo el ejemplo de sus pares españolas, reaccionaron contra los invasores galos; crearon, a partir de unos cabildos abiertos, unas Juntas Soberanas que llenaron el vacío de poder dejado por la ausencia del rey y, de paso, avanzaron en la definición de posiciones autonomistas que luego se convertirían en causas independentistas cuando don Fernando, restablecido en el poder, decretó desde Valencia la muerte de la Carta gaditana y envió a don Pablo Morillo con 40.000 hombres para que sometiera estos reinos a sangre y fuego.
Las intervenciones de algunos delegados americanos en las Cortes de Cádiz -como las de los diputados Lequerica, Alcocer y Gavidi-, para pedir que se respetara el principio de la proporcionalidad interoceánica en la conformación de la Asamblea, fueron muy importantes y quedaron consignadas en un manifiesto con el que se oponían a que, representando ellos una población de quince a dieciséis millones de habitantes residentes en América, se les asignara una cuota de menos de treinta diputados, inferior a los ochenta elegidos por las provincias ibéricas cuando España apenas tenía once o doce millones de ciudadanos.
Precisamente, don Camilo Torres se había referido ya en Colombia a este trato inequitativo en su famoso Memorial de Agravios; los defensores de esta menor representación sostenían que no se podía incluir, para definir la base de la proporcionalidad, a los indígenas, a quienes ellos consideraban como "almas indecentes".
A pesar de que la propuesta americana no prosperó, sí permitió a los diputados conformar una especie de bancada americanista que se pronunciaría de manera conjunta, a lo largo de los debates, sobre temas tan importantes como la eliminación de los tributos coloniales, el principio de legalidad de los gastos públicos y la terminación del monopolio estatal del comercio exterior, que había relegado a los puertos españoles como Cartagena -en desigual competencia con otros puertos del Caribe- a la condición de simples bodegas de envío y recibo de mercancías hacia y desde España.
No se atrevieron los diputados de Cádiz -como tampoco lo hicieron los redactores de la Constitución de Filadelfia en los Estados Unidos- a meterse con la abolición de la esclavitud para no perder el apoyo de los empresarios criollos americanos que vivían de su tráfico o se beneficiaban de ella en plantaciones y socavones.
La indecisión sobre la forma de gobierno y el verdadero titular de la soberanía ("el cielo no llueve reyes" dijo Lequerica) permitieron que el restablecido monarca -con una visión recortada de lo que pasaba en América, donde las opiniones se dividían entre militaristas como Bolívar y San Martín, y pacifistas, que hablaban de mantener abiertos los espacios de concertación- desestimara la importancia del espíritu de Cádiz, que le hubiera permitido crear una verdadera comunidad iberoamericana de naciones, al estilo del Commonwealth británico.
Al iniciarse el proceso de la reconquista militar, cada región tomó el camino de su propia independencia. Los mexicanos, el de la revolución localista con curas arengando en las plazas y forajidos colgados de los campanarios. Los centroamericanos avanzaron en su independencia notarial. Los brasileños importaron de Portugal su propio rey para que los gobernara. Y el resto de los suramericanos se alistaron en las filas de los nacientes ejércitos emancipadores.
Todos estos procesos tuvieron fuentes compartidas de inspiración como las revoluciones populares del siglo XVIII -el movimiento de los comuneros colombianos entre ellas-, que se levantaron contra las medidas borbónicas fiscalistas; las rebeliones haitianas contra la esclavitud, y la revolución norteamericana, de la cual salieron formas de organización del Estado como la del sistema presidencialista de gobierno, que aún nos rige.
DISCOVERY EMITE DOCUMENTAL SOBRE TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA
El domingo estrena "La toma", trabajo que ha participado en varios festivales de cine.
Así es "La toma", documental sobre el Palacio de Justicia de Angus Gibson y Miguel Salazar.
Un año después de su estreno en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, el documental "La toma" llega a la pantalla chica de América Latina. Esta propuesta del sudafricano Angus Gibson y el colombiano Miguel Salazar cuenta una historia (toma del Palacio de Justicia) a través de varias versiones, siendo una de ellas el juicio del coronel Alfonso Plazas Vega, condenado por los 12 desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia.
El audiovisual comienza con imágenes de la retoma por parte del Ejército Nacional, el 6 de noviembre de 1985. El espectador es testigo de cómo los militares acompañaban a los rescatados mientras la voz de Héctor Abad Faciolince narra cómo fue la toma por parte del entonces grupo guerrillero M-19, y se pregunta por qué dos décadas después no son los éstos últimos los que enfrentan un juicio por los hechos, sino los militares.
Esta explicación recae en los familiares de los desaparecidos Carlos Rodríguez, Héctor Beltrán y Cristina del Pilar Guarín, quienes sostienen que sus seres queridos salieron con vida del Palacio y fueron muertos en extrañas condiciones, por lo que durante todo este tiempo han exigido justicia.
"Para nosotros era importante darle voz a las víctimas", dice Salazar. "La sociedad debe entender por todo lo que han pasado, sólo conociendo la verdad se puede lograr una reconciliación real".
Un flashback devuelve al televidente al 6 de noviembre del 85. Voces de periodistas describiendo las acciones del M-19 y el Ejército, así como conversaciones sostenidas entre los guerrilleros ese día se mezclan con los testimonios actuales de los magistrados sobrevivientes Hernando Tapias y Humberto Murcia, quienes cuestionan las acciones de los militares.
Entre bloque y bloque los directores ponen la entrevista en la que Plazas Vega cuenta su versión sobre los hechos, aunque de él también se muestran declaraciones emitidas en los noticieros de televisión (todas a RCN). El coronel retirado ampara su labor y la de los uniformados, y se defiende de las acusaciones que lo tildan de responsable de desaparecer a 12 personas que estaban en el Palacio de Justicia: trabajadores de la cafetería, visitantes y la guerrillera Irma Franco.
Pero se muestran imágenes que hacen parte del expediente que sirvieron de prueba jurídica para establecer que salieron personas vivas que nunca aparecieron. Enrique Parejo, ministro de justicia en ese tiempo, asegura que la posición del Gobierno fue rescatar con vida a los magistrados y que el Ejército "no tuvo en cuenta esa recomendación". Un uniformado anónimo y el guerrillero llamado Lázaro también ponen en tela de juicio el accionar militar.
Sandra Beltrán, hermana del desaparecido Bernando Beltrán, habla de cómo al otro día (7 de noviembre) las autoridades sacaban cuerpos calcinados que aún echaban humo por la boca, abriendo paso a la discusión del manejo que se le dio al movimiento de los muertos en la que opina el periodista Germán Castro Caycedo. Tal vez uno de los testimonios más desgarradores del documental es el de Yolanda Santodomingo, una estudiante acusada de ser guerrillera y quien entre las lágrimas cuenta cómo fue torturada.
"La toma" finaliza 88 minutos después haciendo un recuento de cómo fue el proceso judicial que terminó con la condena de 30 años de cárcel a Plazas Vega, a quien muestran peleando con personas que lo acusaban de asesino y bastante descontrolado en el momento que lo trasladaron del Hospital Militar a la cárcel La Picota.
"Hay miles de interrogantes sobre todo esto. Falta saber la verdad de cosas como si el narcotráfico financió la toma, si hubo un intento de golpe de Estado y qué pasó con el cuerpo de las víctimas", sostiene Salazar, quien reconoce que "La toma" es sólo una luz sobre lo que pudo haber sucedido, pues carece de declaraciones del expresidente Belisario Betancurt, otros miembros del Ejército y líderes del M-19 que hoy están en algunos cargos de poder.
"La toma" se presenta en Discovery Channel el próximo 18 de marzo a las 9 de la noche luego de su paso por los festivales Human Rights Watch (EE.UU.), Mar del Plata (Argentina) y Cartagena.
EL ESPECTADOR
"UNA PENSIÓN DE $18 MILLONES ES OBSCENA"
Entrevista al Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Dr. Néstor Raúl Correa Henao
Cecilia Orozco Tascón.- En el caso concreto de los nueve magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, que son investigados y que fueron embargados por la Contraloría, ésta emitió un informe preliminar con los nombramientos de unos colegas presuntamente hechos por ellos, que concluyeron con el incremento de sus pensiones de, por ejemplo, $2,5 millones a $14 millones o de $3 a $16 o $18 millones. Aunque usted pertenece a otra Sala, ¿cree que ese procedimiento ventajoso sí tuvo lugar?
Magistrado Néstor Raúl Correa.- No podría responderle si sí o si no. Llegué a la Sala Administrativa cuando ya se hablaba en la prensa de esos fenómenos y no creo que desde entonces se haya reiterado esa conducta. De manera general podría opinar que no está éticamente bien que con el concurso de uno acontezca que, de manera repetida, personas que se iban a pensionar con $4 millones pasen a recibir $13 millones mensuales. Más allá de lo jurídico, hay un tema ético insuperable.
C.O.T.- Al margen de este caso hay indignación entre los colombianos por las inmerecidas pensiones de esos magistrados, a pesar de que existe un marco legal que permite el procedimiento. El punto es si ese esquema es legítimo y ético o si hay que repensarlo en vista de la situación de los otros pensionados del país.
N.R.C.- Estoy de acuerdo con su segunda alternativa: debe ser repensado. Si bien alguien podría decir que jurídicamente no se ha violado ninguna norma, en un país con tanta discriminación no es aceptable que existan esos privilegios. Es indignante que unas personas se pensionen con sumas tan altas, mientras que otras lo hagan con cifras tan bajas, a pesar de tener el mismo período trabajado. Una pensión de $18 millones en este país es obscena: de cada cien adultos mayores, sólo 25 reciben pensión. Y entre éstos un porcentaje mayoritario recibe el equivalente a un salario mínimo.
C.O.T.- Pero alguien podría decir que uno tiene derecho a recibir el equivalente de lo que ha ahorrado.
N.R.C.- Sí, es cierto. La pensión es una especie de ahorro voluntario y tácito que se hace a lo largo de su vida laboral. Es razonable que quien ahorre más tenga una pensión más alta. Pero a todo hay que ponerle un tope por equilibrio social. Tengo entendido que en la Corte Constitucional hace tránsito una acción sobre este tema. Veremos qué opinan allá.
C.O.T.- Entre los investigados por la Contraloría, y de acuerdo con su propio informe reliminar, hay unos cuyos antecedentes parecen limpios. ¿Es lícito que la Contraloría continúe mencionándolos?
N.R.C.- Coincido con usted en la idea de que entre los investigados por la Contraloría hay personas cuyo comportamiento es claro. Pero deben ser casos aislados y accidentales. No veo al ente de investigación fiscal tratando de hacerle daño a nadie intencionalmente. Iniciar investigaciones es legítimo y hay que esperar a que el proceso, donde hay derecho de defensa, siga su curso natural. La situación se le resolverá de manera favorable a quien no tenga nada que ver con el asunto investigado.
C.O.T.- ¿Quiénes son los magistrados en cuya transparencia cree?
N.R.C.- No tengo inconveniente en decir que creo firmemente en la rectitud de los doctores José Antonio Castillo y María Mercedes López. Me atrevo a asegurarlo porque son personas a quienes se les conoce desde mucho tiempo atrás, su carácter y una conducta ética sólida. El pasado de cada quien habla por sí mismo. El magistrado Castillo tiene alrededor de 70 años, de los cuales ha estado 40 en la Rama Judicial sin una sola tacha. A la doctora María Mercedes López, aunque es muy joven, el país le conoce sus batallas, incluso dentro de la Sala Disciplinaria y frente a sus compañeros.
C.O.T.- Cuando la Contraloría General anunció la apertura del proceso contra los nueve
magistrados de la Sala Disciplinaria, la Comisión de Acusación de la Cámara de
Representantes reclamó el proceso. ¿La contralora Morelli ha debido esperar a que se
definiera si la competente para investigar a los togados era ella o si lo era la Comisión?
N.R.C.- A mi juicio, la Contraloría podría iniciar el proceso porque es el ente al que la
Constitución le asigna las investigaciones fiscales, entendidas como el control del manejo del erario. Esas pensiones provienen de los dineros públicos. En consecuencia, es el área de investigación de ese órgano. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por su parte, debe investigar delitos y faltas disciplinarias de los aforados, temas bien diferentes al fiscal.
C.O.T.- Usted es un experto jurista. ¿No hay lugar a dudas, entonces, sobre la competencia de la Contraloría?
N.R.C.- Suele suceder que quien comete un hecho violatorio de un ordenamiento viole otros. Por ejemplo, si alguien se embriaga, estrella un vehículo oficial y mata a una persona comete un delito de homicidio, incurre en una falta disciplinaria y malgasta el erario. Las tres investigaciones son compatibles. No obstante, en el caso al que nos referimos no veo cuáles son los fundamentos de derecho para que la Comisión de Acusación alegue competencia.
C.O.T.- El fuero es una protección judicial que se les da a ciertos funcionarios del Estado. Si la contralora es competente para investigar a los magistrados, ¿no significaría eso que el fuero para los miembros de la Rama Judicial resulta parcial y no total?
N.R.C.- Hay que distinguir entre unas situaciones y otras. Si un magistrado se pasa un semáforo en rojo, las autoridades de tránsito pueden sancionarlo. Ahí no lo cubre el fuero. Este es sólo para protegerlo de actos y decisiones relacionados directamente con su ejercicio como juez.
C.O.T.- ¿Algo similar a los juicios civiles para los militares cuando éstos incurren en actos que no tienen que ver con las funciones del servicio?
N.R.C.- Exactamente. El fuero es una figura que viene de la Edad Media y la tendencia, con los tiempos modernos, es a que se restrinja, no a que se amplíe.
C.O.T.- Se sabe que la Comisión de Acusación no es un tribunal judicial sino político. ¿No es extraño el excesivo interés que ha mostrado en asumir esta investigación?
N.R.C.- Sí, es extraño, pero más raro es que días después anuncie que va a iniciar otras investigaciones contra unos 200 magistrados de las altas cortes por el mismo tema. El mensaje es que las altas cortes están involucradas en el aprovechamiento de un régimen especial de pensiones. No quisiera creer que se pretende enlodar a todo el mundo para desacreditar a los tribunales o para quitarle gravedad o notoriedad al proceso de la Contraloría.
C.O.T.- ¿Opina entonces que se trata de una estrategia política?
N.R.C.- Podría tratarse de una estrategia deliberada para diluir las presuntas responsabilidades individuales sobre unos hechos. Si eso fuera así, no es aceptable. La Corte Constitucional, la Suprema y el Consejo de Estado están integrados por magistrados serios y no se puede estar lanzando sospechas sin ningún fundamento.
C.O.T.- ¿No será que una investigación (la de los nueve magistrados en la Contraloría) y la otra (la de 200 togados en la Comisión de Acusación) resultaron al tiempo por pura coincidencia?
N.R.C.- Es tan exótico que no parece coincidencia ni azar. No deja de llamar la atención que cuando sale la uno, salga la otra. Si hubo en las cortes presuntos carruseles de pensiones en el pasado, ¿por qué solo ahora se inician las investigaciones sobre esos hechos y, si me permite decirlo en lenguaje coloquial, por qué “disparan con regadera” contra los altos tribunales en forma indeterminada? Hay también una intención de trivializar las investigaciones de la Contraloría en la medida en que se quiere hacer creer que todos están “untados”.
C.O.T.- Circulan por ahí largas listas de magistrados a los que se les endilgan prácticas inmorales con respecto al manejo de las pensiones propias y las de sus colegas. ¿Este escándalo podría ser un nuevo capítulo del ataque político que ha sufrido la Rama Judicial por las investigaciones y condenas que los magistrados han dictado contra algunos congresistas?
N.R.C.- - Sí, lo creo. De otro lado, no olvide que también en las próximas semanas se reiniciará la segunda vuelta del proyecto de reforma a la justicia, en el que la clase política cree que medirá fuerzas con las cortes. En ambos asuntos, investigaciones y reforma, se le pueden terminar cobrando sus valientes decisiones sobre parapolítica a la Sala Penal de la Corte Suprema y las pérdidas de investidura al Consejo de Estado.
C.O.T.- La contralora advirtió la semana pasada que los representantes que integran la Comisión de Acusación podrían incurrir en conflicto de intereses si con su voto ayudaron a elegir a los magistrados que ahora investigarían. ¿Le parece sólida jurídicamente esa posición?
N.R.C.- Es interesante. Habría que ahondar en el tema porque, evidentemente, podría haber algunos impedidos. Si un representante investigador participó en la elección de un magistrado al que ahora pretende investigar, claramente no cuenta con la independencia que debe acreditar a un juzgador. Una causal de pérdida de investidura es, justamente, la de incurrir en conflictos de intereses.
C.O.T.- Se podría decir que usted es parte de la generación sana del Consejo Superior de la Judicatura y se le conoce por las batallas internas que ha dado a costa de muchos dolores de cabeza. ¿La investigación de la Contraloría caldeó el ambiente interno otra vez?
N.R.C.- En la Sala Administrativa hay ahora una gran armonía, pero en la Disciplinaria,
donde están los investigados, hay inconformidad conmigo.
C.O.T.- ¿Por cuál motivo?
N.R.C.- Por las declaraciones que he dado a la prensa. Y porque en diciembre y enero se decretó la creación de unos cargos en la Sala Disciplinaria que nosotros, como Sala Administrativa, derogamos.
C.O.T.- ¿La situación de tensión interna le ha creado problemas en su trabajo diario?
N.R.C.- El Consejo Superior de la Judicatura existe formalmente, pero es un nombre que agrupa a dos salas diferentes que se reúnen, y no siempre, una vez al mes para tratar temas comunes. Pero son independientes. Para contestar la pregunta, como magistrado de la Administrativa mi trabajo diario no se afecta en nada. Pero cuando hay que ir a sala plena, padezco o sufro las consecuencias (risa)… y se siente uno…
C.O.T.-… ¿cómo se siente?
N.R.C.- La única reunión de sala plena que ha habido este año duró dos horas. De ellas, alrededor de hora y media transcurrió en medio de las críticas de algunos miembros de la Sala Disciplinaria contra mí. Soporté el ‘varillazo’ y el mundo siguió rodando. No pasó nada.
C.O.T.- ¿Qué le criticaban?
N.R.C.- No quisiera ser más específico. Afirmo que se me criticó muy duro y punto.
C.O.T.- A su llegada usted tuvo que enfrentar a un magistrado muy mal recibido por la opinión de prensa, pero muy fuerte hacia dentro: José Alfredo Escobar Araújo. Ya retirado él y después de que usted fue nombrado presidente de su sala, ¿cree que ha valido la pena la batalla?
N.R.C.- Claro que sí. Uno debe hacer en la vida lo que hay que hacer. Y toca soportar las consecuencias que acarreen los actos que uno ejecute.
C.O.T.- ¿Cómo fue posible que la sala que hace un tiempo lo repudió, hoy lo elija?
N.R.C.- La decisión tomó cinco minutos porque se respetó la larga tradición de que el magistrado que lleve más tiempo en la sala y que no haya sido presidente, se nombra. Me correspondía a mí porque los otros ya habían estado en el cargo o su ingreso había sido posterior al mío. Fue una decisión fácil, rápida, amistosa y tranquila.
C.O.T.- …¡Las vueltas que da la vida! ¿Cierto, magistrado?
N.R.C.- Sí. Las vueltas que da la vida (risas).
COMISIÓN DE ACUSACIÓN: ¿INVESTIGA O EJECUTA UNA VENGANZA?
La Contraloría General anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra nueve magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por el llamado carrusel de las pensiones, un método que consistía en nombrar a unos funcionarios para que éstos incrementaran sus pensiones entre 400 y 550%. La contralora Sandra Morelli decretó también el embargo de los bienes de los investigados mientras se les comprueba la culpa o se les exime. Los procesados son el exmagistrados Temístocles Ortega, hoy gobernador del Cauca; y los magistrados Henry Villarraga, María Emma Garzón, José Ovidio Claros, Carlos Arturo Ramírez, María Patricia Zea, Álvaro Rojas Marroquín, José Antonio Castilla y María Mercedes López. En cuanto se hizo público el caso, la Comisión de Acusación de la Cámara, que como se sabe es un órgano integrado por políticos, reclamó para sí la competencia del asunto de estos togados, unos de los pocos de la rama que tienen estrechos nexos con los parlamentarios. La Comisión filtró, además, la lista de 200 magistrados de las otras cortes que habrían incurrido en una conducta igual. Por eso, su actitud se interpretó, de un lado, como la defensa de sus amigos de la Disciplinaria y del otro, como la continuación del ataque a la justicia que viene del gobierno pasado.
NO MÁS PENSIONES ESPECIALES, DIRÁ LA CORTE CONSTITUCIONAL
De acuerdo con las pruebas de la Contraloría, la magistrada María Emma Garzón nombró a cuatro auxiliares por períodos de no más de tres meses. La pensión de dos de ellos, después de seis semanas de trabajo, pasó de $2,5 millones a $11,5 millones. Y la pensión de los otros dos, de $4,2 millones a $12,8 millones. Otro investigado es Henry Villarraga, quien tuvo a tres funcionarios cuyas jubilaciones brincaron de $3,9 millones a $12,9 millones. Como se recuerda, los miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura son elegidos por el Congreso en pleno, de ternas que entrega el presidente. Por eso, varios de los elegidos, más que tradición jurídica, tienen buenas relaciones políticas. En coincidencia con estas investigaciones, la Corte Constitucional está a punto de pronunciarse sobre la validez de una ley que aprobaron, para su beneficio, los senadores y representantes. Según la ley demandada, los parlamentarios tienen un régimen especial de pensiones: su monto será igual al de su salario durante el último año trabajado (el más alto) y no al promedio de lo devengado en los 10 últimos años, como ocurre con los ciudadanos corrientes. Según se ha filtrado, la Constitucional derogará la norma por violación al derecho a la igualdad. Por afinidad, el sistema especial de los togados también caerá.
SANTOS Y UNIDAD NACIONAL, SIN ACUERDO SOBRE FUERO MILITAR EN REFORMA A LA JUSTICIA
Al terminar la reunión, el ministro Juan Carlos Pinzón dijo que seguirá en trámite el polémico artículo.
La U descarta rebelión a Santos pero insiste en fuero militar en la reforma Gobierno no reversa decisión de retirar fuero militar de reforma a la justicia Al terminar la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y la mesa de unidad nacional, se conoció que pese a la insistencia del Gobierno en el retiro del fuero militar de la reforma a la justicia, no hubo decisión sobre el tema.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que se seguirá trabajando con los partidos para establecer con prontitud qué hacer con ese polémico artículo.
En lo que sí hubo consenso fue en la presentación del acto legislativo de reforma a la justicia penal militar que una comisión delegada por el Ejecutivo lleva estudiando y elaborando desde hace varios días. El ministro indicó que el próximo viernes será radicada la iniciativa en el Congreso de la República.
Aunque nadie quiso adjudicarse una 'victoria' frente al tema, los grandes vencedores del encuentro son el Partido de La U y el Partido Conservador, quienes se habían mostrado férreos opositores al retiro del fuero de la reforma.
El presidente de La U, Juan Lozano Ramírez, dijo que "por convicción" se debe garantizar que se dé un fuero fuerte. "Debemos dar garantías para que las Fuerzas Militares puedan actuar y a la vez que sean respetuosas de los Derechos Humanos", señaló.
A su turno, el presidente del Partido Conservador, Efraín José Cepeda Sarabia, dijo que lo primero es dar garantías a la Fuerza Pública en medio del conflicto que sufre el país.
De momento, se espera que en los próximos días las bancadas decidan qué hacer con la dudalidad legislativa que puede presentarse con el trámite del fuero militar en la reforma a la justicia y el nuevo proyecto de reforma a la Justicia Penal Militar.
POLO PIDE A SANTOS CESAR TRÁMITE DE REFORMA A LA JUSTICIA
Se suma al pedido de las Cortes en este sentido.
El Polo Democrático Alternativo pidió este jueves al presidente Juan Manuel Santos que deje de continuar el trámite de la reforma a la justicia que hace tránsito en segunda vuelta en el Congreso.
En carta enviada al Jefe de Estado, la presidenta del PDA, Clara López Obregón, le solicita atender el pedido de las altas Cortes en ese sentido.
“El proyecto de acto legislativo que entra a una nueva vuelta de debate en el Congreso lesiona gravemente la autonomía de la justicia y debilita la división de los poderes a favor de la autoridad presidencial lo cual se constituye en un debilitamiento de la institucionalidad democrática del país”, asevera en su misiva.
El Polo ve "con preocupación" la manera cómo se avanza en la "privatización de la justicia, entregando funciones jurisdiccionales a particulares, centros de conciliación y tribunales de arbitramentos de las Cámaras de Comercio del país en contravención de tratados internacionales suscritos por Colombia que determinan como derecho fundamental el acceso a una justicia pública y gratuita".
“Tampoco entendemos la propuesta regresiva de facultar a la Fiscalía para librar órdenes de captura y de interceptación electrónica y telefónica sin el control previo del correspondiente juez de garantías lo que vulnera los derechos fundamentales a la libertad, a la intimidad y al debido proceso en un país donde las llamadas ‘chuzadas’ se han extendido de manera ilegal e inusitada”, señala.
En la carta, López también critica que la Mesa de Unidad Nacional el miércoles en la noche "se haya levantado sin retirar el artículo del proyecto que amplía el fuero militar, el cual amenaza con dejar en la impunidad graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y crímenes de lesa humanidad cometidos durante las dos últimas décadas por integrantes de las Fuerzas Militares".
EL "NO" ROTUNDO DEL GOBIERNO
El miércoles en la mañana, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, descartó la posibilidad de retirar el proyecto.
“Sabemos que hay asuntos que generan controversia pero no se va a retirar la reforma”, respondió el ministro a las Cortes en un foro académico adelantado en la biblioteca Luis Ángel Arango.
Para Vargas Lleras, es mejor que los magistrados acudan al Congreso que es el “escenario natural” para discutir la iniciativa.
EXSEMINARISTA ARREPENTIDO DE SUS VOTOS DE POBREZA TENDRÁ DERECHO A PENSIÓN
La Corte Constitucional le otorgó la pensión parcial a Manuel Antonio Chivata.
La Corte Constitucional le concedió el derecho a la pensión al exseminarista Manuel Antonio Chivata, quien se había arrepentido de los votos de pobreza que hizo cuando ejerció su vida religiosa.
Sin embargo, la Sala Plena de la Corporación le concedió solamente el 60 por ciento del monto que exigía, puesto que no tuvo en cuenta las semanas que laboró a la Iglesia Católica, y lo cual era uno de los principales puntos de la tutela.
El alto tribunal tuvo en cuenta varias normas que conceden beneficios pensionales a los maestros, que es la profesión a la cual se dedica actualmente el exseminarista.
En su demanda, Chivata Barreto señalaba que por más de 20 años prestó sus servicios religiosos a la comunidad y a quien no se le ha otorgado su pensión de vejez.
Manuel Antonio Chivata Barreto manifestaba que no contaba con una pensión y sus escasos ingresos provenían de la ayuda que le brinda su familia para poder subsistir.
A Chivata Barreto la congregación religiosa a la que perteneció, le manifestó que de acuerdo con la Biblia, los religiosos deben cumplir votos de pobreza, razón por la que no se le cotizó la seguridad social.
Con más de 65 años de edad, el clérigo pretendía mediante una acción de tutela que definirá la Corte Constitucional, si por ser religioso recibió algún tipo de salario, si debió cotizar seguridad social y si la Ley del Hombre (ley ordinaria) en este caso prevalece sobre la Ley Divina.
Igualmente se reclamaba el hecho de que la comunidad religiosa no lo vinculó a la seguridad social para hoy estar gozando de una pensión de vejez.
PARA SER FISCAL NO ES OBLIGATORIO SER PENALISTA: GOBIERNO
Germán Vargas Lleras hizo precisiones sobre al tema.
El ministro Germán Vargas Lleras considera que el nuevo Fiscal deberá permanecer en el cargo por 4 años y no por 17 meses.
El Gobierno Nacional terció este miércoles en la polémica suscitada alrededor del perfil que debe tener el nuevo Fiscal General de la Nación.
En medio del debate público que surgió sobre el tema, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, consideró que no es una obligación que el fiscal sea un penalista.
El ministro señaló que la terna que compuso el presidente Juan Manuel Santos contiene todos los perfiles –el penalista y el gerencial–, “de manera que la honorable Corte Suprema tomará la decisión que ella crea que más contribuye al fortalecimiento de la justicia”.
En ese sentido, también recordó que hace algunos meses se promulgó la reforma constitucional que permite que el Fiscal General de la Nación pueda delegar en los fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, tanto la instrucción como la etapa de acusación frente a los aforados.
Según él, esto ayudó a que los más de 1.100 procesos que había bajo la jurisdicción del propio Fiscal General, fueran agilizándose.
De otro lado, el ministro prefirió no continuar con el debate acerca del periodo del próximo fiscal. Sin embargo, el martes fue claro en advertir que la terna que presentó el Gobierno es “para un fiscal de 4 años y no por 17 meses”.
"Uno debería entender que la designación es para un periodo de 4 años y será el Consejo de Estado mediante una demanda, como estará motivado, quien defina finalmente el término que durará el fiscal elegido", indicó.
El martes, el presidente Juan Manuel Santos presentó a sus ternados para ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación. Mónica de Greiff, María Luisa Mesa y Eduardo Montealegre, fueron postulados por el Gobierno de acuerdo a sus hojas de vida y su desempeño en cargos públicos y privados.Cualquiera de estas tres personas, abogados, abogadas, tiene capacidades más que suficientes para ocupar esta posición tan importante”, dijo el Jefe de Estado.
CONTRALORÍA NIEGA QUE PROCESO POR CARRUSEL DE PENSIONES TENGA TINTE POLÍTICO
La jefa del ente fiscal, Sandra Morelli, dijo que sus decisiones han estado soportadas en las pruebas.
La contralora general de la República, Sandra Morelli, negó este miércoles que sus decisiones frente al carrusel de las pensiones de la Justicia, estén siendo motivadas por hechos políticos.
“La Contraloría no actúa ni por móviles políticos ni actúa sin base en pruebas”, aseguró Morelli en diálogo con los periodistas. Ni mencionó, ni hizo referencia a la defensa que hizo el presidente Juan Manuel Santos cuando pidió que no se “generalice”, pero sin dejar de respaldar la investigación.
La contralora defendió el proceso que lleva en marcha en contra de algunos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. “En términos jurídicos no podemos equiparar la función nominadora (de nombrar magistrados auxiliares), con el abuso del derecho para móviles distintos a los de ejercer la función pública”, dijo.
Además, Morelli señaló que al lado de su investigación sobre el presunto detrimento patrimonial que han causado las onerosas pensiones en la justicia, habrá una actuación judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación.
“De resultar cierto que se actuó de manera ilegitima estarían llamados a prosperar las decisiones judiciales apoyando lo que establezca la Contraloría y las acciones de la Fiscalía, estableciendo si hubo o no comisión de algún delito por parte de quienes no eran aforados”, aseguró.
La Contraloría General la semana pasada abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra nueve magistrados dentro de la investigación que adelanta por el carrusel de las pensiones.
Los magistrados a quienes la Contraloría General les abrió proceso de responsabilidad fiscal son: Temístocles Ortega, actual gobernador del Cauca, Henry Villarraga, José Antonio Castilla, María Emma Garzón, José Ovidio Claros, María Mercedes López, Carlos Arturo Ramírez, María Patricia Zea y Álvaro Rojas Marroquín.
TESTIGO CLAVE EN CASO PALACIO SÍ DECLARÓ ANTE LA FISCALÍA CONTRA MILITARES
Édgar Villamizar había dado detalles sobre posible ubicación de los cuerpos de los desaparecidos.
En un detallado relato, el investigador del CTI Fiscalía, Pablo Enrique Vásquez, aseguró ante el juez 55 penal de conocimiento que el primero de agosto de 2007, el cabo en retiro Edgar Villamizar Espinel declaró ante la Fiscalía en la investigación que se adelantaba por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
La declaración de Villamizar tuvo lugar en una cafetería cercana al Cantón Norte, cuando se realizaba la inspección judicial en la Escuela de Caballería y la cual contó con la presencia de la entonces fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, el procurador delegado Henry Bustos y un perito del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
En su relato, el cabo en retiro, cuya identidad ha sido puesta muchas veces en duda, dio detalles sobre su participación en la operación de retoma del Palacio de Justicia el seis y siete de noviembre de noviembre de 1985.
Vásquez, quien en dos oportunidades se reunió con Villamizar, precisó detalladamente la forma en cómo se dieron dichas reuniones y los temas que se discutieron. “La primera reunión se llevó a cabo en la biblioteca Luis Ángel Arango, allí me hizo unos dibujos en los cuales manifestó podrían estar los cadáveres de los desaparecidos del Palacio de Justicia”.
Según el investigador, en dichos encuentros el suboficial le manifestó los temores que tenía en cuanto a su seguridad, hecho por el cual se tomó la decisión de hacer un lugar más alejado del búnker de la Fiscalía y en el cual pudieran participar todas las partes procesales.
“A él (Villamizar) lo conocían en la Fiscalía y en el Ejército, puesto que en esos momentos se desempeñaba como agente del CTI”, precisó Vásquez al señalarque después de rendir su declaración el cabo ingresó a las instalaciones del Cantón Norte con ellos para dar un relato más gráfico del lugar dónde podrían estar ubicados los cuerpos de los llamados desaparecidos.
En esa diligencia estuvieron presentes los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría, así como el antropólogo Diego Casallas y Pedro Jimmy Cortés del grupo de NN y Desaparecidos del Palacio de Justicia.
Identificación de fotografías
Durante la diligencia judicial que duró más de dos horas, Vásquez pudo indentificar en tres álbumes de fotografías, la imagen de Édgar Villamizar, a quien describió como un hombre de 1, 70 de estatura, ojos claros, cabello castaño, cachetes rosados, "acento de Norte de Santander, hablaba duro" y de contextura mediana.
“Él es Édgar Villamizar Espinel”, señaló el investigador del CTI señalando tres fotografías presentadas por el 55 penal judicial, y las cuales se convierten en parte fundamental en el proceso contra el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y otros cuatro militares.
El testigo manifestó que los siete informes que realizó durante la investigación por los hechos del Palacio de Justicia, existen declaraciones escritas por el propio Villamizar Espinel y mapas hechos a mano, los cuales serán revisados en los próximos días por un grafólogo.
En uno de esos informes, realizado a finales de 2007, el testigo hace expresa manifestación sobre las amenazas y seguimientos en su contra que le evidenció el cabo en retiro “a raíz de su declaración”.
“Pablo otra vez yo en la prensa y en los noticiero, me fregaron la vida. Me despidieron de mi trabajo, y cada vez que presentó una hoja de vida me rechazan diciendo que yo declaré en contra de los oficiales, ya no tengo tranquilidad”, le manifestó en una oportunidad Villamizar al investigador del CTI.
Se espera que en los próximos días declaren otros testigos que también habrían estado en la Escuela de Caballería con Villamizar.
EL NUEVO SIGLO
CORTE ALISTA ELECCIÓN DE FISCAL: ¿QUÉ PRIORIZARÁ?
En el campo de la Corte Suprema de Justicia quedó desde ayer la obligación de terminar lo más rápido posible el clima de interinidad en la Fiscalía General de la Nación.
La celeridad con que el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer, a primera hora de la mañana, la terna para escoger al nuevo Fiscal General sin duda constituye un ‘mensaje’ muy claro al alto tribunal para que, por fin, la estabilidad asome en la cúpula del ente acusador.
“Esperamos, y así se lo hemos solicitado en la carta que le enviamos al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que la elección se haga a la mayor brevedad posible para tener una o un Fiscal en propiedad también a la mayor brevedad posible”, aseguró el Jefe de Estado. Es claro que el Gobierno ya tenía lista la baraja de candidatos y que sólo estaba a la espera de que la Sala de Consulta del Consejo de Estado respondiera el interrogante en torno a si el periodo del Fiscal general era personal o institucional.
Tan es evidente es lo anterior que apenas dieciséis horas después de que el lunes, al cierre de la tarde, se conociera que el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo conceptuaba que el periodo era institucional y que, por lo tanto, el nuevo Fiscal sólo estará en el cargo hasta julio del año entrante, Santos citó rueda de prensa en la Casa de Nariño y anunció, con los respectivos ternados a su lado, que los postulados eran los juristas Mónica de Greiff, María Luisa Mesa y Eduardo Montealegre.
El estilo contra-reloj con que se movió la Casa de Nariño dio más base a los rumores de los últimos días en torno a que Santos tenía dos ternas listas: una para presentar si el nuevo jefe del ente acusador sólo iba hasta julio de 2013, y otra si la estadía se alargaba a cuatro años.
En ese orden de ideas surge el primer interrogante ¿Es la terna presentada ayer una especie de ‘plan B’ o de ‘transición’? Si bien se trata de tres candidatos con amplia experiencia judicial, al punto que Montealegre es ex presidente de la Corte Constitucional y De Greiif ex ministra de Justicia, lo cierto es que era un secreto a voces que varios de los posibles aspirantes consultados por la Casa de Nariño indicaron que aceptaban ser incluidos en la baraja sólo sí el periodo era de cuatro años.
Lo que viene
Ahora, como se dice en el fútbol, el balón está en el campo de la Corte y, en principio, es claro que serán cuatro los elementos que guiarán el actuar del máximo tribunal.
En primer lugar, la Corte es consciente de que no tiene margen de error. El escenario es crítico y se puede resumir así: más de 17 meses, después de la salida de Mario Iguarán en julio de 2009, el cargo de Fiscal General duró vacante, pues el alto tribunal no eligió de entre las dos ternas que envió el entonces presidente Uribe. Luego, una vez Santos cambió la baraja de postulados, se destrabó el proceso y en enero de 2011 se posesionó Viviane Morales, pero su elección fue anulada hace dos semanas por el Consejo de Estado bajo el concepto de que fue ilegal el cambio de reglamento en la Corte Suprema para proceder a esa escogencia.
En ese orden de ideas, es apenas obvio que la Corte, en la que será su cuarta terna para este periodo institucional de Fiscal, no puede fallar y la elección que haga debe llevar a que se termine no sólo la interinidad en el cargo, sino garantizar la estabilidad institucional del ente acusador.
Así las cosas, los 23 magistrados no sólo están obligados a acertar sino a hacerlo rápidamente. Este es el segundo elemento.
Cada día de demora será aprovechado por los críticos del alto tribunal para hacerle señalamientos, y dará pie a quienes, tanto en el Gobierno como en el Congreso, quieren aprovechar la crítica coyuntura de la caída de Morales para aprobar el artículo de la reforma judicial que le quita a los máximos tribunales la capacidad para elegir o postular al Fiscal, Procurador y Contralor generales, dejando esa función en cabeza exclusiva del Presidente de la República y el Parlamento.
Curarse en salud
Para poder cumplir ese objetivo básico de acertar y hacerlo rápidamente, la Corte debe curarse en salud. Tercer aspecto,
Para ello tiene que auscultar muy bien la hoja de vida de los ternados para evitar que, ya sea en el campo personal o profesional, exista alguna circunstancia que luego lleve a un escándalo, inhabilidad o incompatibilidad del escogido.
No se puede olvidar que en el caso de Morales fue la renovación de su relación matrimonial con el controvertido Carlos Alonso Lucio lo que más polémica generó a nivel mediático, pese a que su gestión en el ente acusador era reconocida.
En cuarto lugar, la Corte debe asegurarse de que el elegido o la elegida tengan la suficiente independencia para garantizar una actuación imparcial. Sería ingenuo negar que el alto tribunal no quiso elegir de las ternas presentadas por un gobierno que, como el de Uribe, lo criticó y confrontó directamente por procesos como la judicialización de la parapolítica, a tal punto que la tensión desembocó en escándalos de espionajes y complots como los de las chuzadas y la Casade Nariño.
En el caso de Morales, que provino de la terna cambiada por Santos, y que el propio Presidente dijo haberla postulado como un “homenaje” a Uribe -pues ella trabajó con ese gobierno en el estudio de una reforma judicial- ella siempre demostró independencia.
Es más, al final el uribismo se convirtió en el principal crítico de la Fiscal General por decisiones como la petición de extradición de al ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, o el proceso contra el ex alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, hoy prófugo.
En este marco circunstancial, la terna presentada ayer por Santos tiene varias características. Salvo que varios de los postulados son de claro origen liberal (sobre todo samperista), no parece ninguno de ellos estar matriculado en un partido u orilla política en especial, ni siquiera en el mismo santismo.
Montealegre trabajó con Uribe y Santos, De Greiff (liberal samperista) entró al gobierno del Polo de Samuel Moreno y luego pasó a la EEB. Y Mesa es hermana del asesor de comunicaciones del hoy Jefe de Estado.
En cuanto al perfil, Montealegre es penalista; De Greiff es más administrativa pero fue ministra de Justicia en una época muy difícil por el narcoterrorismo, mientras que Mesa tiene un perfil más administrativo y docente.
Es claro, además, que la Corte buscará que el nuevo o nueva Fiscal entienda que por más que su cargo sea apenas de 15 meses, deberá estar preparado para tomar decisiones de fondo en casos que no dan espera, como los procesos a ex ministros del gobierno Uribe y otros derivados de escándalos de corrupción muy sonados.
En otras palabras, escogerá a quien le vea el suficiente perfil para tomar decisiones y no simplemente se dedique a esperar a que pase el tiempo y, en julio de 2013, entre el nuevo titular en propiedad.
En síntesis, el alto tribunal en la elección de Fiscal General no sólo buscará acertar, hacerlo rápido, evitarse sorpresas desagradables, sino garantizar que el elegido sea autónomo y no tema tomar decisiones pese a que sólo estará 15 meses en el cargo.
PENSIÓN A EXSEMINARISTA PESE A VOTOS DE POBREZA
El derecho a la pensión le fue otorgado al exseminarista Manuel Antonio Chivata Barrero, quien se arrepintió de votos de pobreza hechos en su vida religiosa.
Así lo determinó la Corte Constitucional, organismo que concedió sólo el 60% de lo que Chivata exigía, porque no tuvo en cuenta las semanas laboradas en la Iglesia Católica.
Varias normas que conceden beneficios pensionales a los maestros tuvo en cuenta el alto tribunal a la hora de tomar la decisión, profesión que realiza hoy en día el exseminarista.
Según Chivata Barreto, él no contaba con una pensión y sus escasos ingresos provenían de la ayuda que le daba su familia para sobrevivir.
También, en la demanda reclamaba el hecho de que la comunidad religiosa no lo vinculó a la seguridad social para hoy tener pensión por vejez.
QUIEBRA DE PERSONAS NATURALES: A FALTA DE UNO, DOS PROYECTOS DE LEY
Tras ser declarada inexequible por la Corte Constitucional la ley 1371 de 8 de enero de 2010, sobre el régimen para la quiebra de las personas naturales, ya no solo hay una nueva iniciativa para sustituirla: hay dos, una en Cámara y otra en Senado.
En primer lugar está el proyecto de ley número 128 de 2011 Senado, “por el cual se establece el Régimen de Insolvencia para la Persona Natural No Comerciante”, radicado el 20 de septiembre de 2011 por el senador vallecaucano Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).
Esta iniciativa, que no ha recibido ningún debate, prevé que el Régimen de Insolvencia tenga por objeto permitirle al deudor persona natural no comerciante, acogerse a un procedimiento legal que le permita mediante un trámite de negociación de deudas en audiencia de conciliación extrajudicial celebrar un acuerdo de pago con sus acreedores y cumplir así con sus obligaciones pecuniarias pendientes sin importar su naturaleza, salvo las originadas en obligaciones alimentarias, ni en los procesos ejecutivos correspondientes a las mismas.
El otro es el número 97 de 2011 Cámara, “por el cual se establece el Régimen de Insolvencia para Persona Natural No Comerciante”, radicado el 20 de septiembre de 2011 por el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, jefe único del Partido Liberal, y el senador Efraín Cepeda, presidente del Directorio Nacional Conservador, en compañía de los legisladores Miguel Amín, Bernardo Elías y José Alfredo Gnecco, todos de La U.
El proyecto, que espera segundo debate en la plenaria de la Cámara, se propone establecer un régimen de insolvencia para la persona natural no comerciante, necesidad legal omitida en la Ley 1116 de 2007 que estableció el régimen de insolvencia empresarial dirigido eminentemente a las personas jurídicas dedicadas a la actividad empresarial y comercial. Por medio de esta ley, el deudor podrá acogerse a un procedimiento legal y gratuito que le permita, mediante un trámite de negociación de deudas, luego de proponer una forma de pago, celebrar un acuerdo con sus acreedores y cumplir con sus obligaciones con el sistema financiero, con el comercio y demás personas naturales.
Inexequible
La Corte declaró inexequible la ley junto con otro puñado de iniciativas que no cumplieron los requisitos de procedimiento. A pesar de que los proyectos de ley fueron discutidos en las sesiones ordinarias del Congreso, su aprobación se llevó a cabo durante las sesiones extraordinarias y a la medianoche del 17 de diciembre de 2010.
La Corte argumentó que para que esto sea aceptable es necesario que la convocatoria a sesiones extraordinarias se anuncie en el Diario Oficial y se publique antes de la realización de dichas sesiones. La omisión de este requisito hace que las sesiones no sean públicas como lo demanda la Constitución y por lo tanto no sean válidas.
A pesar de que los magistrados Nilson Pinilla y Mauricio González consideraron que los fallos del procedimiento eran subsanables, los otros magistrados opinaron estos errores no se pueden dejar pasar.
Insolvencia
Las normas que buscan reemplazar la que fue declarada inexequible abren la oportunidad a que millones de personas, agobiadas por sus deudas, encuentren una salida con beneficios de financiación, sino que permiten a los acreedores continuar recuperando sus recursos.
Los proyectos les da la opción a los colombianos, con problemas de liquidez o insolvencia económica total, acudir a un centro de conciliación y declararse en bancarrota para solicitar la reestructuración de sus deudas.
Este recurso puede ser usado para pagar desde obligaciones tributarias, pasando por servicios públicos y el arriendo de vivienda hasta préstamos bancarios. Todo esto sin que los acreedores dejen de recibir un solo peso por lo que se les debe y evitándose los costos de un cobro jurídico.
Para que un colombiano pueda declararse insolvente -por una vez en seis años- debía tener dos o más deudas sin pagar en 90 días, mientras el total de las mismas debía representar por lo menos el 50 por ciento de sus activos.
Luego debe acudir al Centro de Conciliación para entregar la relación de sus ingresos, sus activos y pasivos.
Entre los beneficios a los que se pode acceder estan:
1. No se cobrarán los intereses de mora durante los primeros días hábiles.
2. Se suspenden los procesos jurídicos y no se podían iniciar nuevas acciones ejecutivas contra el deudor.
3. No se le puede suspender los servicios públicos domiciliarios.
4. La persona sólo se puede acoger a la ley una vez cada seis años, siempre y cuando hubiese cumplido el acuerdo anterior.
6. Se evitan largos procesos judiciales -lo cual descongestiona la justicia-, así como un mayor detrimento patrimonial de las partes.
REVISTA SEMANA
CORTE CONSTITUCIONAL LE ENTREGA PENSIÓN A SEMINARISTA ARREPENTIDO DE SUS VOTOS
La pensión parcial se la entregó la Corte al exseminarista basado en normas de seguridad social para educadores.
Mediante un fallo de tutela la Corte Constitucional concedió parcialmente la pensión al exseminarista Manuel Antonio Chivatá, quien reclamaba el pago de la pensión por 20 años de servicio religioso en la Iglesia Católica.
Según el fallo del alto tribunal la corte solo le concedió el 60% ya que se tuvo en cuenta la semanas "cotizadas" de la pensión como profesor, actividad que desempeña actualmente.
Chivatá alegó en su querella que subsistía con el auxilio de su familia y que requería de la pensión de la vejez para sobrevivir.
El fallo contradice la defensa que hizo la congregación religiosa en la que argumentó que los religiosos hacen votos de pobreza y que por ello no se le cotizó la seguridad social.
El hombre quien hoy cuenta con 65 años hizo trabajo comunitario durante ese periodo y luego retiró sus votos religiosos.
Desde hace varias semanas se esperaba este fallo de la corte pues sienta un precedente para el pago de pensiones a los religiosos en el país.
PALACIO DE JUSTICIA: AGENTE DEL CTI RECONOCE EN FOTOGRAFÍAS A ÉDGAR VILLAMIZAR
El cabo en retiro asegura que jamás habló con la entonces fiscal del caso Ángela Buitrago y que fue víctima de una suplantación.
Pablo Enrique Vásquez identificó entre una serie de imágenes al cabo en retiro, quien niega que haya dado su testimonio a la fiscal Ángela Buitrago en el 2007.
Tres álbumes de fotos fueron suficientes para que el agente del CTI Pablo Enrique Vásquez reconociera la imagen del cabo en retiro Édgar Villamizar como la misma persona que en el 2007 declaró en el caso del Palacio de Justicia (1985) ante la entonces fiscal Ángela Buitrago.
En la diligencia, que se cumplió en la mañana de este miércoles, Vásquez, además de reconocer al cabo (r ) en las fotografías, lo describió físicamente y contó cómo fueron los encuentros con él. Uno en el 2004 y otro en el 2007.
"Tiene los ojos claros, el cabello color castaño, de cachetes rosados, con acento del Norte de Santander, habla duro, estatura 1.70, contextura mediana", fue la descripción que dio Vásquez de Villamizar al juzgado 55 penal.
El hombre contó además cómo fueron los encuentros. El primero fue en el 2004 en la biblioteca Luis Ángel Arango. Según él, se dio luego de llamadas en las que Villamizar le manifestó que tenía información sobre los hechos del Palacio de Justicia.
En el encuentro, Édgar Villamizar, en tres hojas, le dibujó los lugares dentro de Escuela de Caballería en donde según él podrían estar los cuerpos de las personas desaparecidas.
Una vez concluida esa reunión, acordaron volver a hablar, pero esa vez ante la fiscal que llevaba el caso, Ángela María Buitrago. Dicha reunión, según el expediente, se realizó el 1 de agosto el 2007. Allí habría rendido su testimonio. Ese que ahora niega.
"Ingresamos a la Escuela de Caballería en el carro de la institución que yo manejaba. En la parte de atrás iba Édgar Villamizar (...) Adentro él se cambió a una buseta blanca, que fue donde rindió la declaración", cuenta el agente del CTI.
Según el hombre, después de la declaración y de recorrer la Escuela por los lugares donde según Villamizar podrían estar los cuerpos, él mismo lo sacó del lugar y lo llevó hasta la calle 107. "Esa vez fue la última vez que lo vi", dijo.
Sin embargo no fue la última vez que tuvo contacto con él. Pablo, en su declaración, señaló que después recibió varias llamadas en las que el suboficial le decía que sentía temor porque desde que había dado su testimonio estaba siendo amenazado.
Y fue justamente ese, el tema de la seguridad, el que usó Villamizar para no comparecer, según Vásquez, nunca más a rendir declaración por el caso del Palacio de Justicia.
La versión del agente del CTI se suma al testimonio de Buitrago y a lo que consta en el expediente, según el cual, Édgar Villamizar sí declaró por el caso del Palacio de Justicia, y señaló a Alfonso Plazas Vega como la persona que dijo que "colgaran" a algunas de las personas que salieron con vida del oscuro capítulo de la toma y retoma del Palacio de Justicia.
Así dio su testimonio
Según el relato de la exfiscal Ángela Buitrago, el cabo en retiro apareció en julio del 2007.
A través de un investigador pidió ser oído en declaración y rgumentó que tenía información sobre la ubicación de los cuerpos de algunas personas desaparecidas en los hechos del Palacio de Justicia. Buitrago cuenta que antes de encontrarse con él, lo hizo su investigador Pablo Vásquez.
El día en que apareció Villamizar, sin cita previa, el equipo de la entonces fiscal se encontraba en la Escuela de Caballería y buscaba localizar posibles fosas clandestinas -algo denominado técnicamente prospección-. Llevaban toda la mañana en esa labor.
El primero de agosto llegó a la Caballería a eso de las 3: 30 p.m. "Y me dicen que Édgar está afuera y que viene a contar en dónde están los cuerpos. La Ley 589 del 2000 de desaparición forzada nos obliga a recibir testimonios", cuenta Ángela.
Y así fue. Durante cerca de dos horas, Villamizar (que en el documento del testimonio aparece como Villareal por un error de digitación) detalló, según la exfiscal, lo que conocía de los hechos sobre el Palacio de Justicia.
La diligencia se hizo dentro de una buseta del CTI en el parqueadero de la Escuela de Caballería, dice Buitrago, y recuerda que no estaba sola. A ella, en la toma del testimonio, la acompañaban un delegado de la Procuraduría, un fiscal auxiliar, un investigador y un fotógrafo. Al final del encuentro quedó claro que Villamizar sería llamado para ampliar su testimonio, pero eso jamás sucedió.
Quince días después, y a través de razones enviadas con un investigador, aseguró que estaba siendo perseguido y amenazado.
Volvió a aparecer, cuatro años después (junio del 2011), con su declaración ante la Procuraduría. Días después y debido a esta, la fiscal Viviane Morales anunció que se volvió a abrir la investigación contra Buitrago con el ánimo de determinar la veracidad del testimonio del cabo Villamizar.
Hoy el caso está en indagación. "Se está recaudando la evidencia correspondiente. El señor sí declaró y lo hizo no solo ante mí. Había siete personas más. Antes tuvo contacto con otros funcionarios y después, cuando denunció amenazas en su contra, también", dice Buitrago.
UNA PROPUESTA PARA CAMBIAR LA ELECCIÓN DE FISCAL
Que la Corte Constitucional postule los candidatos y el presidente de la República lo elija; que la Constitución fije que el periodo es personal y no institucional; e incrementar los requisitos para acceder al cargo, son parte de la propuesta.
Una salida frente a la actual crisis de la Fiscalía propuso la Corporación Excelencia a la Justicia.
La demanda contra la elección de Viviane Morales, y la posterior renuncia de la funcionaria, le ha significado un auténtico lío al presidente de la República y a la Corte Suprema de Justicia, quienes tienen que resolver el actual estado de interinidad del organismo investigador.
Gloria Borrero, directora de la Corporación, le presentó al gobierno una propuesta para modificar el mecanismo de elección del fiscal general, convertir la institución en un organismo autónomo e independiente del poder judicial y del ejecutivo, y definir los vacíos de la Constitución con relación al periodo de este cargo, para no volver a tener debates jurídicos en futuros casos como el actual.
Fiscal, escogido por el presidente
En cuanto al mecanismo de elección, la propuesta sugiere que sea el presidente de la República quien elija al fiscal general de una terna nominada por la Corte Constitucional. Actualmente el presidente es quien postula y la Corte Suprema la que escoge.
Según la propuesta, la Corte Constitucional haría una audiencia pública, transmitida por televisión, con seis candidatos. De allí saldría la terna.
Borrero explica que la ley deberá fijar "términos perentorios" para el proceso de elección y sanciones por su incumplimiento.
Términos definidos para elección del fiscal
Según la propuesta, el proceso de elección comenzaría a correr dos meses antes de que se produzca la vacancia para el cargo de fiscal general. En ese tiempo la ley debe establecer términos razonables para que se surtan las etapas de conformación de la lista de seis preseleccionados, realización de la audiencia pública de ratificación, definición de la terna a enviar al Presidente de la República y elección del Fiscal General por parte de éste último.
"Para garantizar la efectividad de estos términos, se establecerían sanciones por su incumplimiento, como la pérdida de competencia de quien los incumpla, en los términos que establezca la ley", señala la propuesta.
Las condiciones para ser fiscal
El tercer punto es incrementar los requisitos para poder aspirar al cargo de fiscal general. Actualmente las calidades para desempeñar el cargo son las mismas que para magistrado de las altas cortes.
La propuesta es aumentar a 20 años el requisito de experiencia profesional como abogado, y requisitos adicionales como la exigencia de contar con al menos 10 años de experiencia específica relacionada directamente con las funciones propias del cargo de fiscal general, es decir, en áreas como derecho penal, gestión pública o elaboración, ejecución y seguimiento de políticas públicas.
Periodo personal de cuatro años
La propuesta también pretende que la Constitución defina el periodo del fiscal general, y no volver a entrar en las actuales discusiones, en las que no hay claridad si el próximo fiscal durará 14 meses en el cargo o cuatro años.
Para ello, dice la propuesta, la Constitución (en el artículo 249) debe definir claramente si el periodo del fiscal general es de carácter institucional o personal. La Corporación Excelencia a la Justicia considera que así como el periodo de los magistrados de las altas cortes, el del fiscal también debería ser personal.
La propuesta fue consignada en un documento que ya fue entregado al gobierno: la intención de la Corporación es que haga parte del debate de la reforma la justicia que comenzará la próxima semana en el Congreso de la República.
CMI
LLAMADO DEL MININTERIOR PARA QUE LAS CORTES REGRESEN A DEBATES SOBRE REFORMA A LA JUSTICIA
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, hizo un nuevo llamado a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado para que participen en las deliberaciones sobre la Reforma a la Justicia, que entra a segunda vuelta en el Congreso de la República.
Vargas Lleras recordó que “participar en las deliberaciones es un derecho constitucional que tienen las Altas Cortes”.
"Nuevamente hacemos una muy cordial invitación a los presidentes de las Altas Cortes para que regresen a las deliberaciones que tendrán lugar a partir de la semana entrante y presenten sus puntos de vista”, sostuvo el Jefe de la Cartera Política.
Para el ministro del Interior, algunos de los aspectos prioritarios en los cuatro debates que le faltan a ese acto legislativo son: reforma institucional a los órganos de la justicia, juzgamiento a aforados, medidas de descongestión y seguridad jurídica.
El pronunciamiento del ministro se produjo al término del Foro Poder Judicial y Constitución: La Justicia como bien supremo, convocado por el consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, que se llevó a cabo en la Biblioteca Luis Ángel Arango.
CARACOL RADIO
LAS CORTES TENEMOS GRAVES PREOCUPACIONES SOBRE LA REFORMA A LA JUSTICIA: JUDICATURA
Ricardo Hernando Monroy, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, dijo que el tema de la Reforma a la Justicia es de "permanente reflexión" para las Altas Cortes, y no descartó que vuelvan a discutir el proyecto en el Congreso de la República. "Hasta este momento, tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado, como la Sala Administrativa, no estamos participando, pero un tema como este requiere permanente reflexión y análisis de la situación que en este momento se presenta", señaló.
"Las Cortes tenemos varias preocupaciones sobre el contenido y el trámite que ha surtido el proyecto, pensamos que por la naturaleza de los temas, el proyecto merece una reflexión mayor, en la conveniencia de las decisiones que pueden afectar el funcionamiento de la administración de justicia", indicó Monroy.
Entre las preocupaciones que expresó el magistrado, se encuentran el mecanismo de administración de la justicia, así como la participación de las cortes en el equilibrio de poderes.
MAGISTRADA REVIVE LA POLÉMICA DE JUDICIALIZAR A LOS MENORES DE 14 AÑOS EN TUNJA
La magistrada Candida Rosa Araque, de la sala penal del tribunal superior de Tunja, está proponiendo que se reforme la Ley de Infancia y Adolescencia, ante el número de delitos que cometen los jóvenes de 14 años, para que sean jugados con el mismo rigor de un adulto.“La manera de frenar la comisión de delitos es nada más ni nada menos con un código del menor donde se aplique solamente las medidas administrativas y de protección a los menores de 14 años y de 14 años en adelante respondan con las mismas condiciones
que los adultos”, señaló la magistrada a Caracol Radio.
La polémica iniciativa tendría que ser debatida en el Congreso de la República, Araque,de es una de las opcionadas para ocupar la vacante del también magistrado SigifredoEspinoza, en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La magistrada, oriunda del municipio de Beteitiva, lleva 32 años de experiencia con unamplio conocimiento del sistema penal acusatorio, y fue seleccionada entre 80 magistrados del país para participar de un concurso que se disputan 15 personas.
LA FM
ALTAS CORTES DENUNCIARÁN A PARTÍCIPES EN SUPUESTO 'CARRUSEL DE PENSIONES'
La Comisión Interinstitucional de Rama Judicial emprenderá acciones legales en 17 casos de probables pensiones irregulares otorgadas en las altas cortes, reveló el presidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez Aranguren.
Indicó que ya se individualizaron casos de supuesto detrimento patrimonial, en el marco de las indagaciones por el supuesto carrusel de pensiones, que serán objeto de denuncias penales y quejas disciplinarias
La decisión se tomó luego de que esta Comisión, integrada por presidente de altascortes y la fiscal general, escuchara las consideraciones de la contralora Sandra Morelli Rico frente al tema.